LEY
10397
ANEXO
I
CODIGO
FISCAL
Nota: Ver Ley 12930.- Ver Ley 13091
ref.art.136 de la presente. Ver Ley 13244 artículos 6, 8 y 9.
Nota: Ver Ley
13297 Ley Impositiva, Ejercicio Fiscal 2005.
Ver Ley 13404 Ley Impositiva
Ejercicio Fiscal 2006.
Ver Ley
13506 ref: acreditación inscripción del art. 180 inc d) y n).
Ver Ley 13613, Impositiva Ejercicio Fiscal
2007.
TITULO I
AMBITO DE APLICACION
ARTICULO 1°.-Este Código regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y la aplicación de sanciones que se impongan en la Provincia de Buenos Aires, por los organismos de la administración central y organismos descentralizados de acuerdo con las leyes y normas complementarias.
ARTICULO 2°.- Toda ley, decreto, norma general, decisión de la Autoridad de Aplicación, cualquiera sea su forma, dictada a los fines previstos en el artículo 1° de este Código, tendrá vigencia a partir de los ocho (8) días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, salvo que la misma norma disponga expresamente otra fecha de vigencia.
ARTICULO 3°.- Para todos los plazos establecidos en días en el presente Código y en toda norma que rija la materia a la cual éste sea aplicable, se computarán únicamente los días hábiles, salvo que de ella surja lo contrario.
ARTICULO 4°.-Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en este Código las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, los Códigos de Procedimiento de la Provincia en lo Contencioso-Administrativo, en lo Civil y Comercial, en lo Penal y la Ley del Tribunal Fiscal de Apelación.
TITULO II
DE LA INTERPRETACION DEL CODIGO Y DE LAS
NORMAS FISCALES
ARTICULO 5°.- Son admisibles todos los métodos para la interpretación de las disposiciones de este Código y demás leyes fiscales, pero en ningún caso se establecerán impuestos, tasas o contribuciones ni se considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este Código u otra ley.
ARTICULO 6°.- Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código, serán de aplicación sus disposiciones analógicas, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, las normas jurídico financieras que rigen la tributación, los principios generales del derecho y subsidiariamente los del derecho privado.
ARTICULO 7°.-Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderá a los hechos, actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los actos jurídicos de Derecho Privado en que se exterioricen.
No obstante, la forma jurídica obligará al intérprete cuando la misma sea requisito esencial impuesto por la Ley Tributaria para el nacimiento de una obligación fiscal.
Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la Ley Tributaria se aplicará prescindiendo de tales formas.
TITULO
III
DE
LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION FISCAL
ARTICULO 8°.- Son autoridades de aplicación la Dirección Provincial de Rentas y los organismos administrativos centralizados y descentralizados que -por ley- posean la facultad de recaudar gravámenes y aplicar sanciones en sus respectivas áreas.
Para el cumplimiento de estos fines los organismos de la Administración Central y Descentralizados están obligados a coordinar sus procedimientos de control, intercambiar información y denunciar todo ilícito fiscal. Asimismo deberán colaborar con los organismos nacionales y de otras provincias a los mismos fines, cuando existiere reciprocidad.
ARTICULO 9°.-El Director Provincial de Rentas o el funcionario con la máxima responsabilidad en los Organismos de la Administración Central o Descentralizados con poder fiscal, ejercerá la representación de los mismos frente a los poderes públicos, los contribuyentes y los terceros.
(Párrafo según Ley 13405) Tales representantes podrán delegar sus facultades en forma general o especial en funcionarios de nivel no inferior al cargo de Jefe de Departamento o similar, con competencia en la materia.
En el caso del Director Provincial de Rentas, y sin perjuicio de las delegaciones a que hace referencia tanto el párrafo anterior cuanto el artículo 11°, dicho funcionario ejercerá las funciones de juez administrativo en la determinación de oficio de la materia imponible y gravámenes correspondientes, en las demandas de repetición, en las solicitudes de exenciones, en la aplicación de multas y resolución de recursos de reconsideración.
ARTICULO 10°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía, podrá convenir con las Municipalidades de la Provincia, la delegación de las facultades contenidas en los Títulos VII, VIII y IX -Libro Primero- y las del artículo 169° del presente Ordenamiento.
ARTICULO 11º.- Secundarán
al Director Provincial de Rentas hasta cinco (5) directores adjuntos, cuyas
competencias serán establecidas por decreto del Poder Ejecutivo.
Los Directores adjuntos, de acuerdo al orden de prelación que establezca el
Director Provincial, lo reemplazarán en caso de ausencia o impedimento, en
todas sus atribuciones y funciones.
El
Director Provincial, no obstante la delegación efectuada, conservará la máxima
autoridad dentro del organismo y podrá avocarse al conocimiento y decisión de
cualesquiera de las cuestiones planteadas.
ARTICULO 12°.-Los órganos administrativos no serán competentes para declarar la inconstitucionalidad de normas tributarias pudiendo no obstante, el Tribunal Fiscal, aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Suprema Corte de Justicia de la Provincia que haya declarado la inconstitucionalidad de dichas normas.
ARTICULO 13°.-En cualquier momento podrá la Autoridad de Aplicación solicitar embargo preventivo, o cualquier otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal, por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables.
(Párrafo según Ley 13405) En tal circunstancia, los jueces deberán decretarla en el término de veinticuatro (24) horas, sin más recaudos ni necesidad de acreditar peligro en la demora, bajo la responsabilidad del Fisco.
Para la efectivización de las medidas que se ordenen, la Autoridad de Aplicación podrá, por intermedio de la Fiscalía de Estado, proponer la designación de oficiales de justicia ad-hoc, los que actuarán con las facultades y responsabilidades de los titulares.
La caducidad de las medidas cautelares, se producirá si la Autoridad de Aplicación no iniciase la ejecución fiscal transcurridos sesenta (60) días hábiles judiciales contados de la siguiente manera:
(Párrafo Incorporado por Ley 13405) Cuando el contribuyente o responsable cancele o
regularice la deuda cautelada, o solicite la sustitución de la medida trabada,
las costas serán a su cargo.
ARTICULO 13 Bis.- (Texto según Ley 13529) La Dirección
Provincial de Rentas estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las
medidas precautorias indicadas en el escrito de inicio del juicio de apremio o
que indicare en posteriores presentaciones al Juez interviniente la Fiscalía de
Estado.
La Dirección
Provincial de Rentas podrá decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y
valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o
naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares
tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. También podrá
disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que
los ejecutados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la
Ley 21.526. Asimismo podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba.
Dentro de los
quince (15) días de notificadas de la medida, las entidades financieras deberán
informar a la Dirección Provincial de Rentas acerca de los fondos y valores que
resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el
artículo 39 de la Ley 21.526.
Para los casos
que se requiera desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá
requerir la orden respectiva del juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá
llevar adelante la ejecución de sentencias mediante enajenación de los bienes
embargados a través de subasta o concurso público.
Si las medidas
cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del
deudor, la anotación de las mismas se practicará por oficio expedido por la
Dirección Provincial de Rentas, el cual tendrá el mismo valor que una
requisitoria y orden judicial. La responsabilidad por la procedencia,
razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas por la Dirección Provincial de
Rentas, quedarán sometidas a las disposiciones del artículo 1112 del Código
Civil.
En caso de que
cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la
intimación al demandado, éstas deberán serle notificadas dentro de los cinco
(5) días siguientes de haber tomado conocimiento de la traba.
Las entidades
financieras y terceros deberán transferir los importes totales líquidos
embargados a una cuenta a nombre de autos y a la orden del juzgado que deberá
abrirse en la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires
correspondiente a la jurisdicción del juzgado, hasta la concurrencia del monto
total del título ejecutivo, dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos
siguientes a la notificación de la orden emitida por el juez.
Las comisiones
o gastos que demande dicha operación serán soportados íntegramente por el
contribuyente o responsable y no podrán detraerse del monto transferido.
ARTICULO 13
Ter.- (Incorporado por Ley 13613) La Dirección Provincial de Rentas estará
facultada para ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que
oportunamente se hubieren trabado en resguardo del crédito fiscal de
conformidad a lo establecido en el artículo anterior, informándolo al Juez
interviniente en el juicio de apremio. Asimismo podrá disponer, previa
regularización de la deuda y con el consentimiento expreso del deudor, la
transferencia total o parcial de los fondos y/o activos embargados a la cuenta
y en el modo que disponga.
ARTICULO 14.- Al
inicio del juicio de apremio o con posterioridad y en cualquier estado del
proceso, podrá solicitarse como medida cautelar, entre otras, y el juez deberá
disponerla en el término de veinticuatro horas sin más recaudos ni necesidad de
acreditación de peligro en la demora, todo ello bajo responsabilidad del fisco.
a)
Traba de embargos sobre:
1)
Cuentas o activos bancarios y financieros, a diligenciar
directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de
encontrarse determinadas, caso contrario ante el Banco Central de la República
Argentina para que proceda a efectuar las comunicaciones pertinentes a las
instituciones donde puedan existir, instruyendo la transferencia a cuenta de
autos exclusivamente del monto reclamado con más lo presupuestado para
responder a intereses y costas. Para el caso de resultar insuficientes, las
cuentas permanecerán embargadas hasta que se acredite y transfiera el monto
total por el cual procedió la medida asegurativa del crédito fiscal.
2)
Bienes inmuebles y muebles sean o no registrables.
3)
Sueldos u otras remuneraciones siempre que sean superiores
a seis salarios mínimos, en las proporciones que prevé la ley.
b)
Inhibición general de bienes e incluso su extensión a los
activos bancarios y financieros, pudiendo oficiarse a las entidades bancarias
correspondientes o al Banco Central de la República Argentina.
c)
Intervención de caja y embargo de las entradas brutas
equivalentes al veinte (20) por ciento y hasta el cuarenta (40) por ciento de
las mismas.
En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas asegurativas del crédito fiscal como así también las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios los registros públicos, instituciones bancarias o financieras, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos, con carácter provisorio y por un lapso de 10 días hábiles administrativos, sujetos a su confirmación de conformidad a lo que establezcan las normas legales o reglamentarias específicas.
ARTICULO 14 Bis.- (Artículo Incorporado por Ley
13405) Las entidades
financieras, así como las personas físicas o jurídicas depositarias de bienes a
embargar, serán responsables en forma solidaria hasta el valor del bien o la
suma de dinero que se hubiera podido embargar, cuando con conocimiento previo
de la medida ordenada, hubieran impedido su traba.
Asimismo, serán responsables:
a)
cuando
sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o
derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del
embargo dispuesto por los jueces o la Dirección Provincial de Rentas en
ejercicio de facultades otorgadas por este Código, y
b)
cuando
sus dependientes incumplan órdenes de embargo u otras medidas cautelares
ordenadas por los jueces o por la Dirección Provincial de Rentas.
Verificada alguna de las situaciones descriptas, la Autoridad de Aplicación por intermedio del funcionario que determine la reglamentación, o del apoderado fiscal interviniente, la comunicará de inmediato al juez con competencia en materia de ejecución fiscal, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El juez dará traslado por CINCO (5) días a la entidad o persona denunciada, luego de lo cual deberá dictar resolución. Decretada la responsabilidad solidaria aquí prevista, la misma deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días.
TITULO IV
DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES
ARTICULO 15°.-Los contribuyentes o sus herederos, según las disposiciones del Código Civil, los responsables y terceros, están obligados al cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las normas que establecen gravámenes.
ARTICULO
16°.- (Texto según
Ley 13405) Son
contribuyentes las personas de existencia visible, capaces o incapaces, las
sucesiones indivisas, las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y
entidades, con o sin personería jurídica, los patrimonios destinados a un fin
determinado, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de
colaboración y demás consorcios y formas asociativas aun cuando no revistan el
carácter de sujetos de derecho de conformidad a la legislación de fondo, que
realicen los actos u operaciones o se hallen en las situaciones que las normas
fiscales consideren causales del nacimiento de la obligación tributaria.
ARTICULO 17°.-Cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos (2) o más personas, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad, salvo el derecho del Fisco a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.
Los actos, operaciones o situaciones en que interviniese una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte obligaciones fiscales.
En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total.
ARTICULO 18°.- Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas:
5.
(Aparatado
incorporado por Ley 13405) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las
sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las
sucesiones, y a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.
ARTICULO 19°.-Los albaceas o administradores en las sucesiones, los síndicos en los concursos comerciales y civiles y los liquidadores de sociedades, deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación, de acuerdo con los libros de comercio o anotaciones en su caso, la deuda fiscal devengada y la deuda fiscal exigible, por año y por gravamen dentro de los quince (15) días de aceptado el cargo o recibida la autorización.
No podrán efectuar pagos, distribución de capitales, reservas o utilidades sin previa retención de los gravámenes salvo el pago de los créditos reconocidos que gocen de mejor privilegio que los del Fisco y sin perjuicio de las diferencias que pudieran surgir por verificación de la exactitud de aquellas determinaciones.
En caso de incumplimiento de esta última obligación serán considerados responsables por la totalidad del gravamen que resultare adeudado, de conformidad con las normas del artículo anterior.
ARTICULO 20°.- Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones, bienes o actos gravados, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de la deuda fiscal, multas e intereses, salvo que la Autoridad de Aplicación hubiere expedido la correspondiente certificación de libre deuda.
En caso de que transcurrido un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de solicitud de tal certificación esta no se hubiere expedido, el sucesor a título particular deberá cumplir las obligaciones fiscales de acuerdo a la autodeterminación que formule.
ARTICULO 21°.-Los responsables indicados en los artículos 17° y 18°, responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes.
Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.
Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes.
Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Si tales actos además configuran conductas punibles, las sanciones se aplicarán por procedimientos separados, rigiendo las reglas de la participación criminal previstas en el Código Penal.
El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo.
TITULO V
DE LAS CONSULTAS
ARTICULO 22°.-Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios, que tuvieran un interés personal y directo, podrán formular a la autoridad administrativa correspondiente consultas debidamente documentadas sobre la aplicación del Derecho, respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria a una situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta.
ARTICULO
23°.- (Texto según
Ley 13405) La contestación
tendrá carácter de mera información y no de acto administrativo, no vinculando
a la Administración con excepción de los supuestos que se establezcan de
conformidad a lo previsto en el párrafo siguiente.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer un
régimen de consulta vinculante, en el modo y condiciones que determine
reglamentariamente. En estos supuestos la respuesta que se brinde vinculará a
la Administración, en tanto no se hubieran alterado los antecedentes,
circunstancias y datos suministrados en oportunidad de evacuarse la consulta, o
no se modifique la legislación aplicable.
ARTICULO
24°.- (Texto según Ley 13405) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en los casos
en que la contestación tenga carácter de mera información, el sujeto pasivo que
tras haber formulado su consulta hubiera cumplido las obligaciones tributarias
de acuerdo con la contestación del órgano competente no incurrirá en
responsabilidad ni le serán aplicables los intereses previstos en este Código,
siempre que reúna los siguientes requisitos:
a)
Que
comprenda todos los antecedentes y circunstancias necesarias para la formación
del juicio de la Administración;
b)
Que
aquellos no se hubieran alterado posteriormente;
c)
Que
se hubiera formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o
dentro del plazo para su declaración.
La exención de responsabilidad cesará cuando se modifique la legislación aplicable.
ARTICULO 25°.- Los interesados no podrán entablar recurso alguno contra la contestación aún cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto administrativo basado en ellas.
ARTICULO 26°.-La competencia para contestar estas consultas será de los órganos que tengan atribuida la facultad legal de ejercer los actos de representación a que se refiere el artículo 9°, párrafos primero y segundo, del presente Código.
ARTICULO
27°.- (Texto según
Ley 13405) Para contestar
la consulta la Administración dispondrá de un plazo de sesenta (60) días,
dentro del cual producirá la respuesta pertinente.
Este plazo se cuenta desde la recepción de la
consulta por el órgano competente. En caso de requerirse informes o dictámenes
de otros organismos, o de resultar necesario solicitar del consultante el
aporte de nuevos elementos necesarios para la contestación de la consulta, el
plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean contestados o venzan
los plazos para hacerlo.
ARTICULO 28°.- (Texto según Ley 13405) La omisión de los funcionarios de evacuar las consultas dentro de los términos establecidos constituirá un caso de violación grave de los deberes del cargo.
TITULO VI
DEL DOMICILIO FISCAL
ARTICULO
29°.- (Texto según Ley 13405) Se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables
el domicilio real o el legal, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que
establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación.
Cuando el domicilio real o el legal, según el caso,
no coincida con el lugar donde esté situada la dirección, administración o
explotación principal y efectiva de sus actividades dentro de la jurisdicción
provincial, este último será el domicilio fiscal.
A todos los efectos previstos en el presente
artículo, los domicilios ubicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se
considerarán como de extraña jurisdicción.
Cuando el contribuyente o responsable se domicilie
fuera del territorio de la provincia de Buenos Aires, deberá constituir
domicilio fiscal dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires.
El domicilio fiscal de los contribuyentes y demás
responsables, para todos los efectos tributarios, tiene el carácter de
domicilio constituido, siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones
administrativas y judiciales que allí se realicen. Será único para todas las
obligaciones tributarias que los contribuyentes y demás responsables mantienen
con la Dirección Provincial de Rentas; se constituirá conforme al procedimiento
que establezca la reglamentación, y deberá consignarse en las declaraciones
juradas, instrumentos públicos o privados, y en toda presentación de los
obligados ante la Autoridad de Aplicación.
Cuando no se hubiere denunciado el domicilio fiscal
y la Dirección Provincial de Rentas conociere alguno de los domicilios
previstos en el presente artículo, o bien cuando se comprobare que el domicilio
denunciado no es el previsto en el presente artículo, o fuere físicamente
inexistente, quedare abandonado, desapareciere, o se alterase o suprimiese su
numeración, y la Dirección Provincial de Rentas conociere el lugar de su
asiento, podrá declararlo como domicilio fiscal, conforme al procedimiento que
determine la reglamentación.
Cuando no fuere posible la determinación del
domicilio fiscal por la Dirección Provincial de Rentas, conforme a lo previsto
en los párrafos anteriores, el mismo quedará constituido:
1- En el lugar de ubicación de los bienes registrables
en la Provincia, si los hubiere. En caso de existir varios bienes registrables,
la Autoridad de Aplicación determinará cuál será tenido como domicilio fiscal,
conforme las pautas que determine la reglamentación.
2- En el domicilio que surja de la información
suministrada por agentes de información.
3- En el despacho del funcionario a cargo de la
Autoridad de Aplicación. En este caso las resoluciones, comunicaciones y todo
acto administrativo quedarán válidamente notificados, en todas las instancias,
los días martes y viernes, o el inmediato siguiente hábil si alguno fuere
inhábil.
Los contribuyentes y responsables están obligados a
denunciar cualquier cambio de domicilio fiscal en la forma y plazo que
determine la reglamentación. La Dirección Provincial de Rentas sólo quedará
obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si el mismo hubiere sido
realizado conforme lo determine la reglamentación. Sin perjuicio de las
sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta obligación, se
reputará subsistente el último domicilio que se haya comunicado en la forma
debida, o que haya sido determinado como tal por la Dirección Provincial de
Rentas, en ejercicio de las facultades conferidas por este artículo.
El cambio de domicilio fiscal sólo surtirá efectos
legales en las actuaciones administrativas en curso, si se lo comunica
fehacientemente en las mismas.
Las notificaciones de los actos y resoluciones
dictados por la Dirección Provincial de Catastro Territorial en ejercicio de
sus funciones se tendrán por válidas y vinculantes cuando se hubieren realizado
en el domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables establecido
conforme al presente Título.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las
notificaciones de los actos de determinación valuatoria dictados por la
Dirección Provincial de Catastro Territorial en relación a inmuebles destinados
a vivienda familiar que integren emprendimientos urbanísticos constituidos en
el marco de los Decretos 9.404/86 y 27/98, inclusive los afectados al régimen
de propiedad horizontal, se tendrán por válidas y vinculantes, cuando se
hubieren realizado en el lugar físico que ocupe dicho emprendimiento o en el
domicilio que corresponda a la administración del mismo.
ARTICULO 29 Bis.- (Artículo incorporado por Ley
13405) Se entiende por
domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado registrado por
los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier
naturaleza.
Su constitución, implementación, funcionamiento y
cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que
establezca la Dirección Provincial de Rentas.
Dicho domicilio
producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal
constituido, siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.
La Autoridad de Aplicación podrá disponer, con
relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al
equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del domicilio
fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación.
TITULO VII
DE LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE,
RESPONSABLES Y TERCEROS
ARTICULO 30°.- Los contribuyentes y demás responsables tienen que cumplir con los deberes que este Código y las respectivas reglamentaciones fiscales establezcan con el fin de permitir o facilitar la recaudación, fiscalización y determinación de los gravámenes.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas, deberán:
a) Presentar declaración jurada cuando así esté dispuesto.
b) Comunicar a la Autoridad de Aplicación dentro de los quince (15) días de verificado cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes.
c) Conservar y presentar a cada requerimiento de la Autoridad de Aplicación todos los documentos que de algún modo se refieran a las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles y sirvan como comprobantes de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas.
d) Contestar cualquier pedido de informes y aclaraciones con respecto de sus declaraciones juradas o, en general, a las operaciones que, a juicio de la Autoridad de Aplicación, pueden constituir hechos imponibles.
e) Acreditar la personería cuando correspondiese.
f) Presentar, cuando lo requiera la Autoridad de Aplicación, constancia de iniciación de trámites de organismos nacionales, provinciales o municipales, cuando correspondiere.
g) En general, deberán facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinación impositiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37°.
(Párrafo incorporado por Ley 13405) Los contribuyentes que posean domicilio fiscal
electrónico deberán contestar los requerimientos de la Autoridad de Aplicación
a través de esta vía, en el modo y condiciones que determine la reglamentación.
ARTICULO 31°.- A requerimiento de la Autoridad de Aplicación, los terceros están obligados a suministrar a ésta todos los informes que se refieren a hechos imponibles que, en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, salvo que tal información implique la violación de un secreto profesional impuesto por disposiciones legales.
ARTICULO 32°.- Los Contadores Públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo, deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosados, la deuda impaga por gravámenes provinciales en el supuesto de mora, así como previsión, razonablemente estimada, para cubrir los intereses y ajustes del valor por el mismo concepto, en cuanto correspondiese.
ARTICULO
33°.- (Texto según Ley
13405) Los funcionarios de la Provincia
y de las Municipalidades están obligados a suministrar informes o denunciar los
hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones y que
puedan constituir o modificar hechos imponibles.
Sin perjuicio de la obligación establecida en el
párrafo anterior y con la finalidad de controlar el pago de los gravámenes, los
funcionarios mencionados deberán suministrar a la Dirección Provincial de
Rentas, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, la información
relativa a actos, contratos u operaciones en los que hubieran intervenido,
tomado conocimiento o suscripto, en ocasión del cumplimiento de sus funciones.
En caso de incumplimiento resultarán, en forma personal, solidariamente
responsables del pago del gravamen omitido total o parcialmente, intereses,
recargos, multas y sus accesorios, o del perjuicio que pudiese derivar para el
fisco de tal incumplimiento.
ARTICULO 33 Bis.- (Artículo incorporado por Ley
13405) Los escribanos,
agrimensores, titulares de los registros seccionales del Registro Nacional de
la Propiedad del Automotor, así como el Registro Nacional de Buques, están
obligados a suministrar información o denunciar los hechos que lleguen a su
conocimiento en el desempeño de sus actividades profesionales o funciones y que
puedan constituir o modificar hechos imponibles.
Con la finalidad de controlar el pago de los
gravámenes, los profesionales y funcionarios mencionados deberán suministrar a
la Dirección Provincial de Rentas, en los casos, forma y plazos que establezca
la reglamentación, la información relativa a actos, contratos u operaciones en
los que hubieran intervenido o tomado conocimiento, en ocasión del cumplimiento
de sus funciones. En caso de incumplimiento resultarán, en forma personal,
solidariamente responsables del pago del gravamen omitido total o parcialmente,
intereses, recargos, multas y sus accesorios, o del perjuicio que pudiese
derivar para el fisco de tal incumplimiento.
ARTICULO 34°.- En las transferencias de bienes, negocios, activos y pasivos de personas, entidades civiles o comerciales, o cualquier otro acto de similar naturaleza, se deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales hasta la fecha de otorgamiento del acto, mediante certificación expedida por la Autoridad de Aplicación.
Los escribanos autorizantes, los intermediarios intervinientes y los titulares de los registros seccionales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, así como el Registro Nacional de Buques, deberán asegurar el pago de los gravámenes a que se refiere el párrafo anterior o los correspondientes al acto mismo.
Asimismo, deberán informar a la Dirección Provincial de Rentas, conforme lo establezca la reglamentación, todos los datos tendientes a la identificación de la operación y de las partes intervinientes.
El certificado de inexistencia de deudas emitido por la Dirección Provincial de Rentas tendrá efectos liberatorios, cuando se trate de los impuestos Inmobiliarios, a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas o de Recreaciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si la Autoridad de Aplicación constatare -antes del 31 de diciembre del año inmediato siguiente al de expedición de dicho certificado- la existencia de deudas, solamente estará obligado a su pago quien hubiera revestido en relación a las mismas la condición de contribuyente.
Cuando se trate del impuesto sobre los Ingresos Brutos, la expedición del certificado sólo tiene por objeto facilitar el acto y no posee efecto liberatorio, salvo cuando expresamente lo indicare el mismo certificado.
ARTICULO 34 Bis.- (Artículo incorporado por Ley 13405) El traslado o transporte de bienes en el territorio
provincial deberá encontrarse amparado por un código de operación de traslado o
transporte, cualquiera fuese el origen y destino de los bienes.
El referido código deberá ser obtenido por el
propietario o poseedor de los bienes, en forma gratuita, previo al traslado o
transporte por el territorio provincial mediante el procedimiento que establezca
la Dirección Provincial de Rentas.
Quienes realicen el traslado o transporte de los
bienes deberán exhibir e informar ante cada requerimiento de la Autoridad de
Aplicación, el código de operación de traslado o transporte que ampara el
tránsito de los mismos.
TITULO
VIII
DE LA
DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
ARTICULO 35°.- La determinación de las obligaciones fiscales se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Autoridad de Aplicación, o en base a datos que ésta posea y que utilice para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según lo establecido con carácter general para el gravamen de que se trate.
Tanto la declaración jurada, como la información exigida con carácter general por la Autoridad de Aplicación, debe contener todos los elementos y datos necesarios para la determinación y liquidación.
ARTICULO 36°.- La declaración jurada o la liquidación que efectúe la Autoridad de Aplicación en base a los datos aportados por el contribuyente o responsable, estarán sujetos a verificación administrativa y hace responsable al declarante del pago de la suma que resulte cuyo monto no podrá reducir por correcciones posteriores cualquiera sea la forma de su instrumentación, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración o liquidación misma.
ARTICULO 37°.-.La Autoridad de Aplicación podrá verificar las declaraciones juradas y los datos que el contribuyente o responsable hubiere aportado para las liquidaciones administrativas, a fin de comprobar su exactitud.
Cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado declaración jurada o la misma resultare inexacta, por falsedad o error en los datos o errónea aplicación de las normas fiscales o en el caso de liquidación administrativa mencionada en el artículo 35°, la Autoridad de Aplicación determinará de oficio la obligación fiscal, sobre base cierta o presunta.
ARTICULO 38°.- La determinación de oficio se practicará sobre base cierta cuando el contribuyente o los responsables suministren a la Autoridad de Aplicación todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles o cuando las normas fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que la Autoridad de Aplicación debe tener en cuenta a los fines de la determinación.
ARTICULO 39°.- Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior, la Autoridad de Aplicación practicará la determinación de oficio sobre base presunta, considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión con las normas fiscales, se conceptúen como hecho imponible y permitan inducir en el caso particular la procedencia y el monto del gravamen.
La determinación de oficio sobre base presunta se efectuará también cuando de hechos conocidos se presuma que hubiera habido hechos imponibles y su posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el pago de los impuestos.
Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Autoridad de Aplicación o que deberán proporcionarle los agentes de retención, Cámaras de Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones Gremiales, Entidades Públicas o Privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles.
A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que:
a) Para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, las diferencias físicas del inventario de mercaderías comprobadas por la Autoridad de Aplicación, cualitativamente representan:
1. Montos de ingreso gravado omitido, mediante la aplicación del siguiente procedimiento: si el inventario constatado por la fiscalización fuera superior al declarado, la diferencia resultante se considerará como utilidad bruta omitida del período fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen tales diferencias y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos del mismo período.
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se multiplicará la suma que representa la utilidad bruta omitida por el coeficiente que resulte de dividir las ventas declaradas por el obligado sobre la utilidad bruta declarada, perteneciente al período fiscal cerrado inmediato anterior y que conste en sus declaraciones juradas impositivas o que surjan de otros elementos de juicio, a falta de aquéllas.
b) Ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar:
1. Ventas o ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
2. Compras, determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el monto resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre